El punto de partida es la publicación de la Directiva sobre prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro de alimentos, que entró en vigor en mayo de 2019 y que fue trasladada a las legislaciones de los estados miembros hasta diciembre de 2022. El informe presentado se basa en una encuesta realizada a agricultores y concreta el compromiso de la Comisión de “reforzar la posición de los agricultores en la cadena de suministro alimentario”. Al tratarse de una encuesta, lo que recoge el informe es la percepción de los encuestados sobre el problema que se les pregunta, no cuál es la realidad de los incumplimientos o el seguimiento que la Comisión o las autoridades nacionales hacen de este problema.
Lo que sí pone de manifiesto el informe es que los agricultores desconocen en su mayoría la existencia de normativa comunitaria en esta materia o cuáles son las entidades nacionales encargadas de hacer cumplir la ley en este asunto.
Teniendo en cuenta que la Comisión Europea considera que los agricultores y los proveedores más pequeños son los agentes más débiles de la cadena alimentaria, extraña que las propuestas de mejora no vayan más allá de crear unos organismos nuevos: el AFCO, para “aumentar la transparencia en materia de precios, estructura de costes y distribución, de márgenes y valor añadido en la cadena de suministro”, y una Organización Común de Mercados de productos agrícolas.
En España la Ley 16/2021, por la que se trasponía la normativa europea en materia de cadena alimentaria, generó mucha expectación y se esperaba que equilibrara la delicada relación entre productores, intermediarios y consumidores finales. Sin embargo, la realidad es que la aplicación práctica no ha cambiado mucho el panorama y parte de las protestas de los agricultores han tenido como raíz una norma que no resuelve las desigualdades ni se acerca a los objetivos de “reforzar la posición de los agricultores en la cadena de suministro alimentario”.